La audiencia por el financiamiento universitario dejó al descubierto que el conflicto sigue abierto

El conflicto por el financiamiento universitario sumó este viernes un nuevo capítulo, esta vez en tribunales. Rectores y representantes del Gobierno se sentaron ante el juez Martín Cormick, pero la audiencia no cerró la disputa: el magistrado tomó nota de las posiciones de cada parte y no dictó una decisión de fondo. La pelea sigue abierta y, por ahora, atada a una combinación de ley, cautelar y negociación política.

Una ley aprobada, vetada y vuelta a poner en juego

La discusión arrastra meses. La Ley 27.795 de Financiamiento Universitario fue sancionada por el Congreso, vetada por Javier Milei y luego ratificada por ambas cámaras con un respaldo amplio. La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga a aplicar dos artículos de esa norma, vinculados con la actualización salarial y la recomposición de becas. Aun así, el Gobierno mantuvo objeciones sobre su aplicación y el caso terminó en una audiencia convocada por el juzgado contencioso administrativo federal.

La cita reunió a representantes del Consejo Interuniversitario Nacional, de la Universidad de Buenos Aires y de la Subsecretaría de Políticas Universitarias. El objetivo era abrir una instancia de diálogo para intentar destrabar una pulseada que ya tuvo marchas, paros, presentaciones judiciales y acuerdos parciales. El expediente no se cerró: apenas quedó más claro que la definición todavía está lejos.

Qué sigue en disputa

El corazón del conflicto está en los números y en la letra del cumplimiento. El sector universitario sostiene que el aumento salarial que debería liquidarse para acatar la cautelar es mayor al que el Ejecutivo reconoce y que, además, siguen pendientes los recursos para hospitales universitarios, gastos de funcionamiento y becas. El Gobierno, en cambio, dice que ya transfirió una parte de los fondos y que no convalidará partidas adicionales sin discutir su alcance.

La tensión impacta de lleno en la vida cotidiana de las universidades nacionales. No se trata solo de salarios: también están en juego laboratorios, investigación, becas estudiantiles, costos operativos y la capacidad real de sostener cursadas y servicios. Por eso el caso excede la disputa jurídica y vuelve una y otra vez al terreno político, donde la oposición universitaria busca mostrar que el ajuste tiene consecuencias concretas.

• La ley sigue vigente y el fallo judicial quedó firme.
• El Gobierno acepta discutir, pero no reconoce cerrado el conflicto.
• Las universidades insisten en que falta aplicar más fondos y garantizar previsibilidad.

La audiencia no resolvió el problema, pero sí confirmó que la negociación seguirá por varias vías al mismo tiempo: tribunales, paritarias y presión pública. Con el segundo cuatrimestre ya en marcha y nuevas medidas de fuerza sobre la mesa, el financiamiento universitario volvió a quedar como una de las carpetas más sensibles de la gestión nacional.