El Gobierno activó un programa para bloquear celulares en cárceles provinciales

El Gobierno puso en marcha un programa federal para detectar y bloquear celulares en cárceles provinciales y federales, una medida pensada para cortar una vía habitual de coordinación de delitos desde los penales. La resolución publicada hoy en el Boletín Oficial habilita la adhesión de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires a un esquema que ya venía funcionando en el sistema federal.

La decisión quedó formalizada por la Resolución 806/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional. El mecanismo contempla la identificación de tres datos de cada dispositivo: el IMEI, que identifica al teléfono; el IMSI, asociado a la tarjeta SIM; y la línea telefónica vinculada. Una vez detectados dentro de las zonas restringidas, esos datos se reportan a las prestadoras para que ejecuten el bloqueo.

El nuevo sistema no deja a las provincias actuar por su cuenta. La cartera nacional funcionará como ventanilla única y será la encargada de trasladar los pedidos a las empresas de telefonía. Las operadoras tendrán hasta 48 horas para confirmar la ejecución del bloqueo, mientras que cada jurisdicción deberá cargar diariamente los identificadores detectados en un servidor habilitado por el Ministerio.

Cómo funciona

El protocolo alcanza a equipos que se activen dentro de áreas de detención o de acceso restringido en los establecimientos penitenciarios. También prevé sectores de guarda para dispositivos de uso autorizado por agentes penitenciarios, magistrados, letrados, organismos de control y representantes diplomáticos o consulares, siempre fuera de las zonas donde opera la detección.

La logística queda en manos de la Subsecretaría de Articulación Federal, que deberá coordinar las adhesiones y supervisar la implementación. Además, el esquema exige controles periódicos y resguardo estricto de la información vinculada a los bloqueos, para evitar que el sistema se vuelva una fuente de filtraciones o de conflictos fuera del perímetro penitenciario.

Un reclamo que venía de antes

La ampliación a las cárceles provinciales no apareció de la nada. Mendoza venía reclamando una herramienta legal de este tipo y el ENACOM ya había ajustado semanas atrás el procedimiento técnico para que las prestadoras pudieran bloquear IMEI, IMSI y línea telefónica en establecimientos federales y, eventualmente, en provincias que adhirieran al protocolo.

El Gobierno intenta así extender una medida de seguridad que, en la práctica, busca reducir la capacidad de mando que muchos internos conservan desde el interior de las cárceles. El desafío, como siempre, estará en la implementación: que las provincias adhieran, que la coordinación con las telefónicas funcione y que el bloqueo sea realmente selectivo para no afectar comunicaciones fuera del penal.

Qué cambia para las provincias

La novedad política está en que la Nación centraliza el trámite y define el canal único de comunicación con las empresas. Eso le da más orden al sistema, pero también más control federal sobre un problema que hasta ahora se manejaba de forma muy desigual entre jurisdicciones. Si la adhesión gana volumen, el programa puede convertirse en una de las herramientas más visibles del Ministerio de Seguridad en esta etapa.

En términos prácticos, el objetivo es simple: que un teléfono detectado dentro de una cárcel no siga funcionando aunque se cambie la SIM. En términos políticos, la apuesta es mostrar una respuesta dura y técnicamente reglada frente a un problema que hace años incomoda a la discusión sobre seguridad y sistema penitenciario.