Salud Mental: el dictamen avanzó en el Senado con reclamos por el financiamiento

El oficialismo busca llevar la reforma al recinto el 22 de octubre. Los cambios en internaciones y atención reúnen apoyos con disidencias y pedidos de recursos para las provincias.

Las comisiones de Salud y Legislación General del Senado avanzaron con el dictamen para reformar la Ley Nacional de Salud Mental, pero el respaldo de legisladores aliados quedó acompañado por objeciones sobre cómo se financiará su aplicación. Tras el plenario del jueves, la discusión continuó este viernes con el reclamo de partidas específicas y coordinación con las provincias. El oficialismo pretende tratar la iniciativa en el recinto el 22 de octubre.

El proyecto modifica aspectos sensibles de la atención: la intervención de los equipos interdisciplinarios, los criterios de internación, el abordaje de las adicciones y las condiciones de alta. Todavía no es ley. El despacho habilita una nueva etapa parlamentaria, no un cambio inmediato en los tratamientos ni en los derechos de los pacientes.

El apoyo al texto no cerró la discusión por los recursos

La reunión se realizó en el Salón Azul y estuvo encabezada por las senadoras oficialistas Ivana Arrascaeta y Nadia Márquez. Arrascaeta defendió el proceso de consultas: informó que participaron más de 70 expositores y que se recibieron 16 informes provinciales. Su argumento fue que la reforma busca ofrecer respuestas más tempranas a las familias.

Las reservas presupuestarias atravesaron varios bloques. Carlos Arce, de Movimiento por Misiones, valoró las modificaciones al proyecto original, pero reclamó fondos y articulación federal. Desde la UCR también hubo acompañamiento en disidencia por la necesidad de asegurar presupuesto. El respaldo a una reforma, así, no equivale a conformidad con todos sus mecanismos de implementación.

Jorge Capitanich, del bloque Justicialista, pidió postergar el tratamiento para evaluar el alcance de los cambios con gobernadores y ministros de Salud. Puso el foco en dos condiciones concretas: el financiamiento y la disponibilidad de personal. Guillermo Andrada, de Convicción Federal, sostuvo que los problemas de la norma vigente no derivan de sus principios, sino de las dificultades para aplicarla con recursos adecuados.

Internaciones, prevención y garantías

Patricia Bullrich defendió una orientación más preventiva para intervenir ante trastornos severos y situaciones de riesgo para la persona o terceros. Ese es uno de los puntos de mayor discusión: cómo actuar a tiempo sin debilitar las garantías de quienes reciben atención. La legislación vigente ya contempla internaciones involuntarias excepcionales; la controversia no consiste en crearlas desde cero, sino en modificar sus condiciones y controles.

El texto negociado mantiene la prohibición de las prácticas manicomiales e incorpora previsiones sobre atención ambulatoria y domiciliaria, casas de convivencia y hospitales de día. También contempla dispositivos diferenciados para niños y adolescentes. Son herramientas cuya disponibilidad depende de servicios y profesionales, no únicamente de una autorización legal.

Para los pacientes y sus familias, lo que se discute afecta el acceso a tratamientos, el consentimiento y los límites de una internación. La próxima instancia será el debate del Senado si se concreta la convocatoria que impulsa el oficialismo. Allí seguirá abierta la pregunta que dejaron los aliados: con qué presupuesto se sostendrán las obligaciones que propone la reforma.