La Comisión por la Memoria pidió investigar el operativo de seguridad en el Congreso
Publicado: 18 / 10 /2026El organismo difundió su denuncia penal y reclamó investigar la cadena de mando. Seguridad había presentado otra denuncia contra manifestantes por los incidentes del jueves.
La Comisión Provincial por la Memoria difundió el sábado una denuncia penal para que se investigue el operativo de las fuerzas federales y la Policía de la Ciudad durante la quinta Marcha Federal Universitaria, realizada el jueves 15 de octubre frente al Congreso. El pedido alcanza a los agentes que intervinieron, los mandos que dirigieron el despliegue y los funcionarios con responsabilidad política. La presentación fue realizada en las últimas horas del viernes.
El organismo cuestiona la proporcionalidad del uso de la fuerza y solicita determinar si hubo abuso de autoridad, detenciones ilegales, torturas o malos tratos, entre otras posibles figuras. Son hechos denunciados y calificaciones propuestas por la entidad: no equivalen a responsabilidades penales acreditadas por una sentencia.
La novedad judicial agrega otro frente al conflicto por el financiamiento de las universidades públicas. Docentes, estudiantes y autoridades académicas se habían movilizado para reclamar el cumplimiento de la ley que establece recursos para el sector. El cierre del acto quedó atravesado por gases, disparos de postas de goma y la intervención de camiones hidrantes.
Las pruebas y las órdenes del operativo
En su relevamiento, la Comisión informó que más de 550 personas fueron atendidas por heridas o afectación de gases y otros elementos utilizados durante el despliegue. También denunció al menos seis detenciones que considera arbitrarias, entre ellas las de dos adolescentes. Esas cifras corresponden a su monitoreo y no deben confundirse con un balance judicial definitivo.
El planteo no se limita a contar personas afectadas. Solicita reconstruir las órdenes impartidas por radio, identificar al personal y los recursos de cada fuerza y reunir las grabaciones de las cámaras de la zona. También pide información a los servicios sanitarios sobre las atenciones realizadas durante la jornada.
La preservación y el análisis de esas pruebas permitirían establecer qué ocurrió en cada intervención y quién tomó las decisiones. La denuncia reclama que la recolección de testimonios y registros audiovisuales quede en manos del juzgado o la fiscalía, y no de las fuerzas a las que se atribuyen los hechos.
La acusación presentada por Seguridad
El Ministerio de Seguridad nacional había acudido a la Justicia por los incidentes protagonizados por grupos de manifestantes. Su presentación sostuvo que hubo ataques con objetos contundentes, daños a bienes públicos y agresiones contra efectivos. La cartera impulsa su identificación mediante fotografías y videos.
Ese expediente y el pedido de la Comisión parten de posiciones contrapuestas sobre la jornada. La existencia de incidentes debe investigarse junto con las denuncias sobre el accionar policial: ninguna de las dos presentaciones prueba automáticamente las afirmaciones de sus autores ni resuelve la legalidad de cada procedimiento.
La Comisión interviene como mecanismo local de prevención de la tortura y realiza tareas de seguimiento de las protestas. En su comunicado sostuvo que también fueron afectados periodistas, equipos sanitarios e integrantes de organismos de derechos humanos que trabajaban en el lugar. La protección de esas tareas forma parte del reclamo que llevó a los tribunales.
Queda abierta la determinación de las responsabilidades individuales y de la cadena de mando, así como la reconstrucción de las detenciones y el uso de las armas menos letales. Para quienes participaron de la marcha o transitaban por la zona, el resultado de esa investigación deberá dar respuestas concretas sobre la actuación estatal y las garantías del derecho a manifestarse.