Súper RIGI: Economía negocia una salida al reclamo por los proveedores nacionales

El Ministerio de Economía analiza una contrapropuesta para destrabar el régimen en el Senado. Los aliados exigen condiciones de competencia para la industria local y la negociación sigue abierta.

El Gobierno busca reactivar en el Senado el proyecto de Súper RIGI con una nueva propuesta para responder al reclamo de los bloques aliados por la participación de proveedores nacionales. La negociación, que volvió a tomar impulso este domingo, tiene al Ministerio de Economía de Luis Caputo como instancia de definición y todavía no cuenta con un acuerdo cerrado.

El punto en disputa es concreto: qué condiciones deben reunir las empresas argentinas para competir con insumos importados en los grandes proyectos beneficiados por el régimen. Maximiliano Abad, de la UCR; Carlos Espínola, del peronismo disidente, y Martín Goerling, del PRO, piden ampliar los criterios de comparación para que la evaluación no quede reducida a una referencia estrecha de precio y calidad.

El margen que piden los aliados

Los senadores proponen considerar competitiva una oferta nacional que cumpla condiciones equivalentes de calidad, cantidad, especificaciones y plazos de entrega, siempre que su precio no supere en más de un 15% al de la alternativa extranjera. Ese margen es una demanda en discusión, no una disposición vigente.

También reclaman consultar a las entidades empresarias antes de concluir que no existen proveedores locales capaces de abastecer un proyecto. La comparación entre ofertas debería incluir los costos de importación y la entrega en destino. Para una empresa nacional, esos detalles pueden definir si queda dentro de la cadena de suministros o es desplazada antes de presentar una alternativa.

El nuevo borrador intenta acercar posiciones, pero no está confirmado que recoja íntegramente esas exigencias. Tampoco hay una votación definitiva anunciada que permita dar por resuelta la controversia.

Una discusión que viene desde septiembre

El Súper RIGI apunta a inversiones desde los US$1.000 millones en nuevas industrias. Tiene media sanción de Diputados y su tratamiento en el Senado quedó trabado a comienzos de septiembre por diferencias sobre el contenido nacional. No debe confundirse el proyecto con el régimen de grandes inversiones que ya está vigente.

Cuando funcionarios de Economía explicaron la iniciativa en junio, defendieron un esquema de incentivos tributarios, aduaneros y de estabilidad normativa para competir con otros países por proyectos que todavía no se radicaron en la Argentina. La discusión parlamentaria agrega otra pregunta: cuánto de esa inversión puede traducirse en pedidos para empresas y trabajadores locales.

La jefatura libertaria del Senado ya había admitido cambios vinculados con la participación de bienes nacionales y con el abastecimiento eléctrico de los emprendimientos. Los aliados sostienen que todavía falta resolver cómo se comprueba la existencia de oferta argentina y con qué margen puede competir.

Si el Senado aprueba modificaciones, el texto deberá regresar a Diputados. Antes de ese paso, Economía y los bloques necesitan acordar la letra del proyecto: los anuncios de inversión, por sí solos, no sustituyen esa decisión legislativa ni garantizan su ejecución.