La Provincia cuestionó inversiones en deuda del Tesoro y la paralización de obras. Pidió preservar documentación y realizar pericias; la acusación todavía debe ser investigada.
El gobierno bonaerense llevó este miércoles 21 de octubre a la Justicia federal una denuncia contra Javier Milei y Luis Caputo por el presunto desvío de recursos del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica. La presentación de Gabriel Katopodis, ministro de Infraestructura provincial, pone bajo discusión el destino de dinero reservado para desagües, saneamiento y prevención de inundaciones.
El reclamo apunta a la colocación de más de $300.000 millones en instrumentos de deuda del Tesoro nacional. La Provincia sostiene que esa operatoria contradice la finalidad del fondo y vincula la falta de ejecución de recursos con obras detenidas. Es una acusación penal: su presentación no acredita por sí sola la existencia de delitos ni la responsabilidad de los funcionarios denunciados.
Del anuncio político al expediente judicial
Katopodis había anticipado el lunes que acudiría a los tribunales por instrucción de Axel Kicillof. La formalización del reclamo abre una etapa distinta: ahora deberán examinarse los movimientos financieros, las decisiones administrativas y el estado de las obras que la Provincia incorporó como respaldo.
La denuncia quedó radicada en la Justicia federal de San Martín. Plantea posibles delitos de malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes, retardo injustificado de pagos y administración fraudulenta contra la administración pública. Esas son las figuras invocadas por el denunciante, no una calificación judicial definitiva.
El núcleo de la controversia es qué puede considerarse un excedente transitorio y cómo debe administrarse. La argumentación provincial rechaza que el equilibrio fiscal justifique aplicar recursos con destino específico a otras finalidades. También cuestiona que se trate como dinero disponible lo que, a su entender, no se gastó porque las obras fueron frenadas.
Obras detenidas y recursos bajo discusión
Según los números incluidos en la presentación, entre enero de 2024 y mayo de 2026 el fondo recaudó $375.422,13 millones y pagó obras por $115.990,24 millones: un 30,9% del total. La diferencia que ese cálculo identifica como no aplicada a obras es de $259.431,89 millones. Son cifras y un período determinados, que no deben confundirse con otros saldos mencionados en las declaraciones políticas.
La Provincia también informó que 17 de las 27 obras financiadas por el fondo en su territorio están neutralizadas o tienen convenios rescindidos. El impacto excede la disputa contable: los trabajos de drenaje y saneamiento inciden sobre viviendas, circulación y producción en zonas expuestas a excesos de agua. Determinar cuánto de cada interrupción corresponde a la falta de financiamiento nacional será parte de la controversia.
Katopodis pidió preservar contratos, actas, instrucciones al fiduciario, constancias de inversión y expedientes de obras, además de requerir informes y pericias. Ese material será necesario para contrastar la acusación y las explicaciones de los organismos nacionales. Lo que queda abierto es si las operaciones fueron compatibles con las reglas del fondo y qué responsabilidades, si las hubiera, surgen de su administración.