Cuadrilla de AySA trabajando en la vía pública junto a un vehículo de la empresa

El Gobierno adjudicó el 90% de AySA por US$340,2 millones: falta firmar el contrato

Publicado: 22 / 10 /2026

El consorcio de Rowing, Arcos, PHX Aqua y Transclor ganó la licitación. El plazo para formalizar la compraventa vence el 13 de noviembre y el 10% seguirá en manos de los trabajadores.

El Gobierno nacional adjudicó este jueves 22 de octubre la venta del 90% de las acciones de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) por US$340,2 millones al consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, PHX Aqua AR BV y Transclor. La decisión avanza sobre el control de la empresa que presta agua potable y cloacas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, aunque la compraventa todavía debe formalizarse.

La Resolución 1818/2026 del Ministerio de Economía fijó el 13 de noviembre como plazo para suscribir el contrato. La adjudicación selecciona al comprador y el monto de la operación; no debe confundirse con una transferencia accionaria ya completada. El 10% restante de la compañía continuará en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.

Dos ofertas y una operación pendiente

La licitación tuvo dos consorcios en su etapa económica. Las ofertas se abrieron el 8 de octubre: el grupo encabezado por Rowing propuso US$340,2 millones y el liderado por Roggio, US$285 millones. La diferencia entre ambas propuestas fue de US$55,2 millones.

El paquete adjudicado comprende 135.000 acciones ordinarias Clase A, equivalentes al 90% del capital y de los votos de la empresa. Economía también dispuso que la Tesorería General de la Nación comunique la cuenta en la que el adjudicatario deberá efectuar el pago. Quedan pasos contractuales y de cumplimiento antes de que la selección del comprador se convierta en el traspaso efectivo del control.

La operación se inscribe en el programa de privatizaciones habilitado por la Ley Bases. La apertura de ofertas había sido presentada oficialmente como la etapa para elegir un operador estratégico, con la transferencia de la participación estatal y la continuidad del porcentaje de los trabajadores. La resolución conocida hoy define quién resultó elegido dentro de ese procedimiento.

Las obras y el servicio que recibirán los usuarios

Para los hogares, el cambio de accionistas importa por lo que ocurra con el acceso al agua, las cloacas, el mantenimiento de las redes y las facturas. El precio de las acciones no equivale al presupuesto de obras: son conceptos distintos y deben evaluarse por separado.

El Ministerio de Economía informó que el nuevo contrato de concesión prevé un Plan de Acción para 2027-2031 por $2,89 billones, expresados a valores de diciembre de 2025 y sin IVA. El programa distribuye recursos entre obras, mantenimiento, mejoras y operación. Las metas anunciadas para 2031 contemplan una cobertura del 75,3% en agua y del 63,9% en cloacas. Se trata de obligaciones y objetivos futuros, no de ampliaciones ya ejecutadas.

En paralelo, está prevista para el 26 de octubre una audiencia pública sobre cambios en los coeficientes zonales utilizados para calcular las tarifas. Ese procedimiento regulatorio es diferente de la adjudicación: el anuncio de la venta no establece por sí solo cuánto pagará cada usuario.

La etapa que sigue tendrá dos planos de control público. Uno es la firma y ejecución de la compraventa dentro del plazo establecido. El otro será el cumplimiento de las inversiones y las condiciones del servicio. Para los vecinos que todavía no tienen conexión o padecen problemas en la red, la medida concreta del cambio estará en esas prestaciones, no únicamente en el monto que reciba el Estado.