Diputados se apura para votar la reforma del Banco Central y el nuevo Inocencia Fiscal

La Libertad Avanza pidió llevar al recinto, el miércoles 26, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y el nuevo régimen de Inocencia Fiscal. La jugada llegó después de que el oficialismo aceptara abrir la agenda a proyectos de otros bloques para sostener el quórum y evitar otro tropiezo legislativo.

La sesión de Diputados no se limita a las dos iniciativas que más le importan a Casa Rosada. El temario sumó el acuerdo Mercosur-Singapur, el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, una baja del IVA para la fécula y la harina de mandioca y distintas declaraciones de interés impulsadas por legisladores aliados.

La reforma del Banco Central vuelve a poner en el centro una discusión que Milei considera estructural: reducir la entidad a un único objetivo, preservar el valor de la moneda, y cerrar la canilla del financiamiento al Tesoro. También endurece las condiciones para remover a su presidente y al directorio, con una mayoría especial en ambas cámaras.

Inocencia Fiscal II, en tanto, profundiza el esquema de regularización de dólares no declarados y cambia varios de los límites del régimen simplificado. El oficialismo además aceptó excluir a funcionarios, legisladores y magistrados de los beneficios más amplios, una corrección que los aliados reclamaron después del ruido político que generó el intento anterior.

La necesidad de sumar votos

El apuro no es solo programático. Tras el traspié que dejó a medio camino la ley de propiedad privada, el Gobierno entendió que ya no puede mandar proyectos al recinto sin tejer antes una red de apoyos. Por eso abrió la puerta a iniciativas de las provincias y de bloques dialoguistas que hasta ahora quedaban afuera del menú oficial.

Esa concesión le da aire a la sesión, pero también deja una señal política: la Casa Rosada necesita que los aliados sientan que ganan algo para acompañar las reformas más sensibles. En la práctica, la semana próxima será una prueba de fuerza para medir si el oficialismo conserva la capacidad de ordenar el Congreso en torno a su programa económico.