El Gobierno modificó por decreto el proceso para elegir jueces de la Corte
Publicado: 22 / 06 /2026
El Poder Ejecutivo oficializó el Decreto 467/2026, una reforma del procedimiento previo a la propuesta de candidatos para la Corte Suprema, la Procuración General y la Defensoría General de la Nación.
La norma, publicada en el Boletín Oficial el 16 de junio, modifica artículos del Decreto 222/2003, que durante más de dos décadas funcionó como una autolimitación presidencial para abrir una instancia de exposición pública antes de enviar pliegos al Senado.
Qué cambia con el nuevo decreto
El nuevo texto establece que, cuando exista una vacante en la Corte Suprema, el nombre y los antecedentes curriculares de las personas en consideración deberán publicarse en el Boletín Oficial y en la página del Ministerio de Justicia durante tres días. Con ese cambio, queda atrás la etapa previa más amplia de observaciones, adhesiones e impugnaciones ante el Ejecutivo.
También se eliminaron referencias que recomendaban contemplar criterios de diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional al momento de cubrir vacantes en el máximo tribunal. El Gobierno justificó la reforma en la necesidad de simplificar trámites y evitar duplicaciones, al sostener que la participación pública queda garantizada en el tratamiento posterior del Senado.
Críticas desde el ámbito judicial
La modificación recibió cuestionamientos de especialistas y entidades de abogados. La Asociación de Abogados de Buenos Aires pidió preservar estándares de transparencia y participación de la sociedad civil, mientras que distintos juristas advirtieron que el nuevo esquema reduce los controles previos antes de la definición presidencial.
El debate se da en un contexto sensible: la Corte debería tener cinco integrantes, pero funciona con tres miembros desde las vacantes abiertas en los últimos años. Infobae señaló que el decreto podría acelerar futuros pliegos, aunque en la Casa Rosada todavía no había una decisión pública definitiva sobre nombres.
La discusión de fondo excede el trámite administrativo. Para el oficialismo, el cambio ordena un procedimiento que considera lento y redundante. Para sus críticos, achica la intervención ciudadana en una de las decisiones institucionales más relevantes del sistema político argentino.