Máximo Kirchner propone revisar los proyectos del RIGI si el peronismo vuelve al Gobierno

El diputado planteó una auditoría de las inversiones beneficiadas y aclaró que respetaría los derechos adquiridos de los proyectos que estén en regla. El régimen garantiza incentivos por treinta años.

Máximo Kirchner planteó este miércoles 14 de octubre que un eventual gobierno peronista debería auditar los proyectos aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El diputado nacional cuestionó las ventajas tributarias del esquema, pero introdujo una precisión decisiva: las inversiones que estén en regla deberían continuar porque tienen derechos adquiridos.

La propuesta, formulada durante una entrevista radial, no constituye una decisión del Estado ni modifica los beneficios vigentes. Es una posición política de cara a las elecciones presidenciales de 2027. Kirchner pidió examinar cómo se concedió cada adhesión y mencionó la posibilidad de que una empresa venda un proyecto después de recibir los incentivos, sin presentar en esa intervención una denuncia sobre un caso específico.

Qué está en discusión

El referente de La Cámpora no rechazó la existencia de herramientas para atraer capital. Su cuestionamiento se concentró en las condiciones ofrecidas a grandes compañías y en la diferencia de trato frente a empresas más pequeñas. También sostuvo que el régimen no produjo los resultados de inversión esperados: se trata de su evaluación política, no de una conclusión demostrada por una auditoría presentada este miércoles.

El RIGI nació con la Ley de Bases de 2024. Está destinado a inversiones de largo plazo y fija un piso general de 200 millones de dólares, con requisitos diferenciados según el sector. La adhesión exige presentar un plan y cumplir compromisos de desembolso; no alcanza con anunciar una inversión para acceder automáticamente al régimen.

Entre sus incentivos figuran una alícuota del 25% en Ganancias para los vehículos de proyecto único, amortizaciones aceleradas y beneficios aduaneros. La estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria se extiende por treinta años desde la adhesión, con disposiciones especiales para determinados proyectos exportadores de largo plazo. Esa duración explica por qué el debate supera a un mandato presidencial.

Control de los compromisos y continuidad de las reglas

La diferencia entre revisar el cumplimiento y eliminar beneficios es central. Kirchner reconoció esa distinción al sostener que los proyectos que estén en orden deberían seguir. No detalló qué organismo realizaría una eventual auditoría, qué procedimiento aplicaría ni cómo resolvería controversias con los inversores.

Para las provincias y las comunidades donde se ejecutan inversiones, la discusión involucra empleo, proveedores e infraestructura, además de recaudación. Los montos comprometidos y las autorizaciones administrativas tampoco equivalen, por sí solos, a obras terminadas o puestos de trabajo ya creados: evaluar resultados requiere observar la ejecución efectiva de cada desarrollo.

Por ahora, el régimen mantiene su vigencia y la propuesta no altera contratos ni aprobaciones. Queda abierto si la revisión será parte de un programa común del peronismo y con qué alcance. La aclaración sobre los derechos adquiridos marca un límite explícito frente a una lectura de cancelación general de las inversiones.