El Gobierno reorganizó el Renar y lo puso bajo la órbita directa de Seguridad

El Gobierno dispuso una nueva reconfiguración del Registro Nacional de Armas y lo convirtió en un organismo desconcentrado del Ministerio de Seguridad Nacional. La decisión quedó plasmada en el Decreto 770/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, y formaliza una estructura más jerarquizada para el organismo.

Con la medida, el Renar quedará encabezado por un director ejecutivo con rango de secretario y por un subdirector con rango de subsecretario, ambos designados por el Poder Ejecutivo. A la vez, el organismo suma funciones de registración, autorización, fiscalización y control sobre la fabricación, comercialización, importación, exportación, traslado y destrucción de armas, municiones y materiales relacionados.

La norma también le asigna competencia sobre el Banco Nacional de Materiales Controlados y su red de depósitos, además de habilitarlo para dictar actos administrativos, imponer sanciones y disponer medidas preventivas o cautelares. Entre esas herramientas figuran la suspensión de autorizaciones y la inmovilización de materiales bajo control.

El movimiento se inscribe en una secuencia de cambios que el oficialismo viene impulsando desde el año pasado en materia de armas y control registral. El Renar recuperó su nombre histórico en 2025, después de haber funcionado como ANMaC, y desde entonces el Gobierno fue simplificando distintos trámites, digitalizando procedimientos y revisando requisitos de acceso y tenencia.

El discurso oficial presenta la reforma como una manera de ordenar competencias, evitar superposiciones y reforzar la trazabilidad. En los hechos, el decreto concentra más poder de control en la conducción del organismo y lo integra de modo más directo al esquema de Seguridad, con una impronta administrativa más cerrada y menos dispersa que la anterior.

Para los usuarios civiles, las entidades de tiro y los actores vinculados al comercio legal de armas, la novedad importa porque redefine la cadena de autorizaciones y la capacidad de intervención del Estado. Para el Gobierno, en cambio, el giro encaja en una agenda que mezcla desregulación con un mayor control sobre los materiales sensibles.